De ‘rajada’ en ‘rajada’ se podría concluir la gestión de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), una entidad de economía mixta cuyo objeto es administrar bienes que se encuentren en proceso de extinción de dominio o que se les haya decretado tal condición.

La SAE fue la sociedad que asumió la administración de los activos que estaban a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), suya supresión y liquidación fue recomendada por el Ministerio de Interior y de Justicia en julio de 2011, debido a su inviabilidad como consecuencia de debilidades estructurales, administrativas y financieras, que pusieron en evidencia su incapacidad para cumplir el objetivo misional, crisis generada, además, por graves indicios de corrupción e ilegalidad que se desplegaron en torno a la administración y gestión de los bienes, así como a la falta de cobertura en el ejercicio de sus actividades.

Para ese entonces, la DNE administraba el Fondo para la rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO). En ese momento ya la SAE le prestaba servicios de administración a la DNE mediante contrato 029 del 6 de agosto de 2009. Luego, resoluciones 1956 y 1957 del 30 de diciembre de 2016 la SAE fue designada en calidad de depositario provisional de los bienes asignados en virtud del citado contrato, formalizándose la entrega de 13.069 activos. Y en aplicación de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) la SAE pasó de depositario provisional a administradora de los activos del FRISCO, los cuales incluían otra clase activos tales como sociedades, vehículos, naves y aeronaves, entre otros.

Ahora, es esta misma sociedad la que, por decisión de la Fiscalía General de la Nación, tiene a su cargo el manejo de las acciones tipo C, socio calificado, (Inassa) de la empresa Triple A. Este componente equivale al 82,16% del total, representado en 60.376.424 acciones, para un aporte de 60.376 millones 424 mil pesos.

Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2017 la empresa registraba un patrimonio de 246.764 millones 537 mil pesos, la extinción del dominio del 82,16% correspondiente a Inassa, equivale a la suma de 202.741 millones 743 mil pesos.

Desorden total en la gestión

Sin embargo, los informes de auditoría practicados a la SAE como depositario de bienes, reflejan un gran desastre a lo largo de su gestión.

Es así como desde 2012 las auditorías advierten debilidades en el proceso administrativo asociadas con:

- Funcionalidad del sistema tecnológico (aplicativo Olympus), al no contar con la información y módulos suficientes para servir de herramienta gerencial en la toma de decisiones.

- En la calidad, integridad y confiabilidad de la información, por la permanencia en el sistema de inmuebles que habían sido vendidos.

- Los contratos suscritos para realizar monitoreo, seguimiento y control sobre los bienes asignados para administración no garantizaban el cumplimiento de dichas labores.

- Ausencia de procedimientos para identificar los inmuebles productivos.

- Ausencia de evaluaciones del desempeño de las inmobiliarias.

- Falta de procedimientos para la vigilancia de inmuebles improductivos, necesaria para adopción de medidas y estrategias oportunas para el manejo de perturbaciones, ocupaciones o invasiones.

- La no entrega de informes de compra y/o arrendamiento por los depositarios de SAE.

- Falta de verificación del estado improductivo de los inmuebles.

- Falta de verificación de los cánones de arrendamiento reportados como no pagados, para determinar si realmente correspondían a esta situación o a irregularidad en la entrega de dichos cánones por parte de las inmobiliarias.

Ese informe también determinó la existencia de bienes en destinación provisional que no habían sido relacionados; depositarios con un gran número de bienes y sin rendición de cuentas; inmobiliarias que figuraban como depositarias y desconocían la totalidad de los bienes a cargo; ocupación no legalizada de los bienes; activos no relacionados en las actas de entrega y registros de bienes en el sistema Matrix con información incompleta, desactualizada, imprecisa y duplicada.

Información incompleta, imprecisa y desactualizada

Más adelante, la auditoría a la gestión adelantada por la SAE como administradora de los bienes del Frisco, con corte al primer semestre de 2016, destacó la persistencia de las deficiencias en los registros en el sistema Matrix relacionados con información incompleta, imprecisa y desactualizada, así como en el avance en la depuración de la información frente al volumen de los inventarios, representando altos costos de sostenimiento y mantenimiento de los activos.

Luego, en el informe de auditoría financiera practicada en la vigencia 2017 se reitera el hecho de que la SAE “no cuenta con una plataforma tecnológica que cumpla criterios y atributos en cuanto a calidad de la información y que permita integrar los aplicativos en cuanto a calidad de la información y que permita integrar los aplicativos y bases de datos que soportan los procesos misionales”.

Igualmente estableció que la información suministrada por la SAE “no permite verificar y corroborar el adecuado registro, medición, valoración y presentación de la información financiera para la vigencia 2016”.

A manera de ejemplo, existían 557 bienes extintos y 10.977 incautados que no registraban valor por carecer de información contable, en algunos casos por ausencia o falta de oportunidad en la remisión de información por los responsables e incumplimiento en el proceso de reconstrucción de la información contable.

Ineficaz e ineficiente en Auditoría Especial en 2018

Con base en estos antecedentes y teniendo en cuenta que la SAE cumplió más de 3 años como administradora de los bienes del FRISCO, cuantificados a 31 de diciembre de 2017 en $6.46 billones, representados en 21.914 bienes inmuebles por $3.91 billones (60%); 1.390 sociedades y establecimientos de comercio por $2.31 billones (36%); bienes muebles por $44.479 millones (15) y dinero por $198.544 millones (3%) y que además los resultados de la administración de todos ellos deben ser orientados al fortalecimiento de políticas públicas y beneficio social, la Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras de la CGR decidió la inclusión de una auditoría de desempeño a la gestión de SAE como administrador del FRISCO en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018.

Como resultado de esta auditoría la CGR conceptuó que la gestión de la SAE en la administración de los activos del Frisco durante el período 2015 - 2017, no atiende los principios de eficacia y eficiencia.

Lo anterior debido, entre otras razones, a la persistencia de deficiencias y dificultades, identificadas incluso desde la administración de la extinta DNE y de la SAE en calidad de administrador/depositario, las cuales continúan luego de más de tres años de su gestión, entre las que se destacan:

- Falencias en la información de los bienes administrados que sirve de soporte a la toma de decisiones gerenciales, con deficiencias en la calidad, confiabilidad e integridad de los registros en el aplicativo, el cual constituye la fuente oficial de la información.

- Ausencia de análisis costo - beneficio orientados a establecer la vocación productiva de los bienes.

- Cumplimiento de obligaciones depositarios/liquidadores y seguimiento y control de la SAE a la gestión. Ausencia de mecanismos de evaluación de desempeño y de gestión.

- Mecanismos de disposición final - comercialización y devoluciones. En cuanto al proceso de comercialización, en el análisis de los casos se evidenció que si bien todos los bienes fueron enajenados, transcurrió un promedio de 9 años entre las declaratorias de extinción de dominio y la enajenación.

- Se evidenció la asignación de bienes a depositarios/liquidadores en cantidades que superan los topes establecidos con base en criterios técnicos, de experiencia y resultados; la omisión/tardanza en la remoción una vez se identifican incumplimientos y demora o ausencia en la retoma de los bienes una vez se decide la remoción de los depositarios, condiciones que incrementan los riesgos en caso de una gestión inadecuada e ineficaz, así como los riesgos de pérdida, deterioro o uso indebido en su administración.

Casos concretos del pésimo manejo

El informe reveló que 35 bienes objeto de destinación definitiva, entre las vigencias 2016 - 2017, para los programas de acceso a tierras del Gobierno Nacional, siguen figurando en el inventario de administración directa de SAE o depósito provisional.

Igualmente, tres inmuebles se encuentran reportados como improductivos de manera individual. Sin embargo, en la base de datos les fue asignado depositario provisional el 13 de junio de 2017, a pesar que forman parte de un patrimonio autónomo administrado por una fiducia y las medidas de administración de SAE son ejercidas sobre los derechos fiduciarios, por lo cual no procede la designación de depositario de manera individual.

Además, un inmueble es reportado como improductivo con resolución de asignación de depositario el 29 de diciembre de 2017, cuando la situación real del mismo es que fue vendido y entregado desde 2015 al comprador.

Un inmueble es reportado como improductivo con asignación de depositario el 5 de marzo de 2013, a pesar que fue objeto de destinación provisional de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Otro inmueble se encuentra con destinación provisional a la Policía Nacional desde 2009, cuando en la información suministrada se reporta en administración directa en estado improductivo.

En otro caso, un inmueble se encuentra reportado con depositario provisional desde el 7 de diciembre de 2010, pero el mismo fue entregado para administración por decisión judicial al Fondo de Reparación de Víctimas, según acta de secuestro y entrega suscrita por la Fiscalía General de la Nación el 31 de agosto de 2015, en la que consta la participación, en calidad de acompañamiento, de un representante de la SAE.

De la misma manera, al comparar los inmuebles enajenados y comercializados por CISA y SAE con corte a 31 de diciembre de 2017, frente al aplicativo Matrix y el reporte de inmuebles del 12 de abril de 2018, existen 537 Folios de Matrícula Inmobiliaria por $39.642 millones que pese a ser comercializados durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, aún están registrados en el inventario SAE y por ende en el aplicativo Matrix. A algunos de ellos, en fecha posterior a la venta se les asignó depositario o se decidió suspender y retirar el poder dispositivo, efectuando anotaciones ante la Oficina de Instrumentos Públicos respectivas.

Desconocimiento total de los bienes a su cargo

Para la CGR, los casos descritos evidencian que la SAE no tiene conocimiento pleno del estado de los bienes inmuebles que tiene bajo su administración, ni sobre aquellos que ha dispuesto definitivamente, situaciones que afectan los principios de eficacia y eficiencia “toda vez que la ausencia de un inventario concreto y depurado que permita contar con información transparente y precisa respecto del estado de los bienes del FRISCO, implica desgaste administrativo y financiero por cuanto estos bienes pueden figurar como administrados directamente o por depositarios, a pesar de que han sido transferidos a otras entidades para su uso o dispuestos definitivamente”.

Tal condición, agregó, “impide que se refleje en debida forma el efecto de la decisión de donación, destinación definitiva o enajenación de dichos bienes en la contribución al beneficio económico y social que representan tales mecanismos de destinación definitiva. Esto en razón a que no se realiza el seguimiento y control sobre la totalidad de los inmuebles y las dependencias competentes no se encuentran integradas en términos de administración de la información”.

A lo que se suma el hecho de que “no se tienen definidos protocolos formales que garanticen el flujo eficiente de la información entre las áreas y dependencias que desarrollan los procesos misionales, provocando que no haya unificación ni actualización oportuna de la información de los activos”.

La CGR desestimó las respuestas entregadas por la SAE frente a 21 hallazgos, confirmando la validación de los mismos.

Así las cosas, las preguntas que surgen son: ¿Será que la SAE manejará de la misma forma el 82,16% de las acciones de la Triple A? ¿Será que su pésima gestión se trasladará a la Triple A en detrimento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo? Y ¿Cuál será la estrategia de la SAE para no incurrir en la Triple A con el desorden que ha venido teniendo en la administración de los activos a su cargo?